Historia del aborto en España

“El fin de la esclavitud de la maternidad continua”

El hecho de que históricamente, el aborto haya sido un asunto público de los varones, ha sido determinante en España a la hora de impedir el desarrollo de estrategias concebidas por parte de las mujeres para derribar los obstáculos tradicionales y crear su propia agenda en torno a sus derechos reproductivos. Durante muchos años el aborto formó parte de la cultura clandestina, siendo una realidad social marginada.

En España el aborto inducido referido a la interrupción voluntaria del embarazo ha sido una práctica que no siempre ha estado regulada. Cuando lo ha estado, a través de los códigos penales, ha sido considerada una práctica penalizada. El Código Penal Español de 1822 en sus artículos 639 y 640 establecía penas de reclusión en distinto grado que podían alcanzar los 14 años para los profesionales que lo facilitaran y de hasta 8 años para las mujeres embarazadas que abortaran.​

El 14 de abril de 1931 se proclamaba la II República. Hasta entonces las mujeres eran tratadas como menores de edad. Feministas, obreras y militantes anónimas consiguieron multitud de derechos para las mujeres: el voto, el divorcio, la escolarización de las niñas y el aborto.

En el año 1936 por primera vez en España se reguló esta práctica legal.

El 25 de diciembre de 1936, en Cataluña se legaliza el aborto libre durante las 12 primeras semanas de embarazo mediante decreto firmado por Josep Tarradellas y publicado el 9 de enero de 1937 (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, núm.9).​ En la zona leal a la República  durante la Guerra Civil Española, siendo ministra de Sanidad la cenetista  Federica Montseny, en el gobierno presidido por el socialista Francisco Largo Caballero se despenalizó la práctica del aborto inducido en 1937, pero su vigencia duró muy poco, pues el bando franquista la derogó

El derecho sobre la “Interrupción Artificial del Embarazo”, de 25 de diciembre de 1936, regulaba el aborto y autorizaba su práctica en “hospitales, clínicas e instituciones sanitarias pertenecientes a la Generalitat de Cataluña en los cuales se habían creado servicios especiales” a este efecto. Para febrero de 1937, se habían constituido servicios dedicados al aborto en cuatro centros médicos de Barcelona y en cuatro hospitales regionales de otras zonas de Cataluña.

Cataluña sobresalió en Europa occidental por lo avanzado de su legislación en este tema. Esta iniciativa fue aún más sorprendente al tener lugar en un país conocido tradicionalmente por su conservadurismo. Sin embargo, las circunstancias revolucionarias de la Guerra Civil impulsaron los cambios sociales por iniciativa de los anarquistas quienes situaron la reforma del aborto entre las prioridades de su programa.

El aborto ya había aparecido en España como problema social a comienzos del siglo XX, cuando salió a la luz pública en una fuerte polémica que se centró no sólo en sus repercusiones morales e ideológicas sino también en las consecuencias sanitarias de su práctica generalizada. Varios médicos y abogados habían justificado entonces la práctica del aborto terapéutico si la salud de la madre corría grave peligro. En este debate, sólo éste se consideraba legítimo y muchos de estos profesionales hacían una distinción precisa entre el aborto criminal y el terapéutico.

Dada la omnipresencia de la Iglesia Católica y de la ideología conservadora en España, es verdaderamente sorprendente que en los años veinte algunos médicos y abogados muy conocidos, progresistas y liberales, apoyaran el aborto terapéutico voluntario. Aún más significativo resulta que a comienzos de los años treinta se llegara a aceptar públicamente como legítimo el aborto terapéutico en conferencias celebradas en foros tan tradicionales y prestigiosos como la Academia Nacional de Medicina.

La discusión pública sobre el problema del aborto ha tenido siempre una clara definición de género. Las mujeres siempre habían guardado silencio en este debate que estaba restringido a los profesionales varones y al clero. De modo que a pesar de que el aborto era esencialmente una cuestión femenina porque suponía el control de las capacidades reproductoras de las mujeres mediante la terminación del embarazo, las españolas de principios del siglo XX no lo abordaron como problema público. ¿Porqué?

Las mujeres estaban ausentes del debate público sobre diversos problemas como el control de la natalidad y el aborto porque el discurso de la domesticidad y la separación de las esferas pública y privada hacían muy difícil que lograran una representación en el ámbito público. Las normas de conducta social estimaban que toda participación femenina sobre cualquier tema en un debate público transgredía las reglas de conducta de género establecidas, de modo que muy pocas mujeres cuestionaban el monopolio masculino del ámbito público.

Las mujeres que participaban en los foros públicos pertenecían a una elite minoritaria y, desde luego, no eran representativas de las españolas como colectivo. En una sociedad conservadora en la que la Iglesia Católica era una institución social omnipresente cuya misión era salvaguardar los valores morales tradicionales, toda discusión sobre sexualidad y cuestiones reproductivas conllevaba un enorme estigma. Eran temas tabú, moralmente inadmisibles y, por lo tanto, no los discutían los hombres en general y menos aún las mujeres.

Las que se ajustaban a los criterios de género no podían debatir en público ningún tema ni mucho menos cuestiones tan escandalosas como el aborto. No se consideraba adecuado que las mujeres mostraran signos de interés por estos asuntos, pues esto se juzgaba indignante y un signo de lascivia, promiscuidad o indecencia. Incluso en privado, con sus propios maridos, las mujeres no solían discutir abiertamente cuestiones de sexualidad o de reproducción porque los varones consideraban que todo interés o conocimiento en este campo era amenazador, signo de moralidad dudosa o deseos antinaturales.

A las mujeres se les representaba como asexuales, etéreas, seres inocentes, los “ángeles del hogar”, de modo que prácticamente ninguna mujer que suscribiera los valores culturales dominantes y las pautas de conducta de género se atrevería nunca a debatir en público cualquiera de estas cuestiones y tal vez ni siquiera en privado. Tal participación podría provocar obviamente el ostracismo social y, seguramente, el rechazo masculino, de modo que encontramos muy pocas mujeres que discutieran públicamente sus derechos reproductivos y su visión de la sexualidad o del control de natalidad. Su aislamiento era aún más acentuado porque no había organizaciones femeninas que abordaran este debate. Y dada la cantidad sumamente reducida de mujeres médicos, no existían agrupaciones femeninas de profesionales de la medicina que pudieran haber justificado su interés siquiera en el terreno profesional.

El silencio de las mujeres sobre el tema del aborto se debía a las restricciones de género y las inhibiciones morales y religiosas. Pero había también otra razón: el predominio de las ideas patriarcales tradicionales sobre la mujer. La definición de la identidad femenina a través de la maternidad y la domesticidad era todavía, en esencia, un valor cultural indiscutible. De modo que habría sido difícil que las mujeres articularan un debate público sobre los derechos reproductivos que las disociara de su rol principal como madres y reproductoras de la especie. Cuando poco a poco estos temas se llegaron a considerar adecuados para el debate público, no fue un interés por los derechos reproductivos de la mujer o su autodeterminación los que los generaron, sino más bien la preocupación por las elevadas tasas de mortalidad, la higiene, la eugenesia, la salud pública o, incluso, el cambio social. Durante este período, el punto de vista de las mujeres estaba ausente de las discusiones sobre el aborto. Esta omisión, junto al silencio femenino, hace difícil determinar cuál era entonces en España el peso específico del género tanto en el debate como en la práctica real del aborto. Además, las discusiones públicas sobre el aborto eran más perceptibles que su práctica real.

Los datos apuntan a la existencia de dos canales distintos para abordar esta cuestión en la sociedad española durante los años veinte y treinta. El primero y más patente era el interés público de los profesionales varones; el segundo, la práctica privada, silenciosa, femenina y pragmática del aborto. Estos dos canales no se cruzaban sino que se desarrollaban por sendas de planteamientos y prácticas diferentes. Uno pertenecía al ámbito profesional de las autoridades sanitarias públicas, al movimiento eugénico y a las profesiones médica y legal; el otro, al dominio de la cultura clandestina, las redes femeninas y la complicidad silenciosa.

Las mujeres abortaban pero no discutían públicamente las consecuencias éticas, morales o médicas del aborto; era la elite profesional quien lo hacía y quien lo sacó a la luz pública como un problema social. Además, hasta su legalización en Cataluña en diciembre de 1936, no sólo había sido condenado moral y religiosamente, sino también perseguido legalmente. Su práctica era clandestina e ilegal. Las redes femeninas difundían información sobre abortivos, remedios caseros, direcciones de practicantes y apoyos materiales y morales. La mayoría de los practicantes eran mujeres, comadronas o “parteras”, a quienes consultaban las mujeres cuando querían asistencia médica de personas ajenas a su entorno. Así, la práctica del aborto tenía una especificidad de género decisiva, que incluía la experiencia de las mujeres, teniendo también connotaciones de clase, ya que era un fenómeno social en el que mayoritariamente intervenían las obreras. Además, es posible que, durante la Guerra Civil, el fracaso en Cataluña de los servicios destinados al aborto legalizado y la inhibición de las mujeres a utilizarlos resida en la falta de presencia femenina en el desarrollo de los programas políticos y los servicios sanitarios públicos relacionados con aquél.

La legalización del aborto en Cataluña en 1936 no fue el resultado de la creciente normalización del aborto terapéutico, fue una iniciativa anarquista que debe entenderse en el marco del movimiento libertario a favor de la reforma sexual. A finales de los años veinte, los reformadores sexuales anarquistas introdujeron los temas reproductivos dentro de su estrategia global a favor del cambio social. De modo que, en una progresión lógica, una vez alcanzado el poder en 1936 y en situación de dirigir la política sanitaria pública, también se aplicaron a las cuestiones de la reproducción. Para el pequeño núcleo de reformadores sexuales anarquistas, las estrategias destinadas a la transformación social suponían también el desarrollo de los derechos en este campo.

Históricamente, la política anarquista de reproducción no se había centrado en el aborto sino más bien en el control de la natalidad, constituyendo el aborto siempre un aspecto marginal de la reforma sexual anarquista y las políticas sobre el control de natalidad. Las estrategias reproductivas se apoyaban en el uso de anticonceptivos como método para llegar a cabo la planificación familiar, en tanto que el aborto nunca se contempló en ese aspecto. Los anarquistas pensaban que la información sobre el control de la natalidad eliminaría la necesidad del aborto, de modo que se concentraron en difundirla. No obstante, no ignoraban la realidad social del aborto clandestino y, aunque no lo excusaban, se llegó a aceptar como una estrategia de resistencia de la clase obrera para evitar mayores problemas familiares económicos y sanitarios.

La legislación del aborto de 1936 representaba, en gran medida, una confirmación del proyecto anarquista para proporcionar servicios de planificación familiar y sanitarios en el nuevo clima de cambio social, de modo que hay que contemplarlo teniendo en cuenta las circunstancias de las innovadoras políticas sanitarias del gobierno catalán y el desarrollo de unas nuevas estrategias económicas y revolucionarias en todo el país. La figura clave en el desarrollo de la nueva política sobre el aborto fue el doctor Félix Martí Ibáñez uno de los organizadores más destacados del movimiento anarquista de reforma sexual. Como director general de Sanidad y Asistencia Social de la Generalitat de Cataluña, patrocinó una política sanitaria para satisfacer las necesidades populares en los ámbitos de la medicina social y preventiva. La reforma eugénica era una parte importante de las políticas globales de reestructuración de la sanidad pública y la asistencia social. Esta reforma puso especial interés en el cuidado de las mujeres y los niños de clase obrera y se centró en la reforma sexual, el control de la natalidad, la asistencia maternal y la prostitución. La ley del aborto formaba parte de la política global de reforma eugénica.

La “Reforma Eugénica del Aborto”, como se denominaba la ley, respondía a unos principios básicos revolucionarios eugénicos, higiénicos y de clase. La legalización del aborto se puede considerar en primer lugar como una medida higiénica pragmática concebida para regular su ejercicio encubierto. La legislación fijaba una serie de metas destinadas a la erradicación del aborto y el infanticidio clandestinos, la reducción de las enfermedades y la moralidad debida a las prácticas abortivas y, por último, la disminución del aborto mediante la promoción de servicios de control de natalidad y planificación familiar, lo que facilitaría que las madres obreras no tuvieran que recurrir al aborto como estrategia de control reproductivo.

La ley era avanzada para su época, ya que ponía pocas restricciones a aquellas que se proponían abortar. Los abortos se aprobaban según diversas categorías: terapéutica (mala salud física o mental de la madre), eugénica (incesto paterno o posibilidad de transmisión de defectos físicos o mentales), neo-maltusiana (la voluntad consciente de practicar el control de natalidad voluntaria) y personal (razones éticas o sentimentales para evitar la maternidad no deseada). El interés primordial de la reforma era facilitar el aborto a las mujeres cuyo embarazo fuera perjudicial para su salud o cuando existiera peligro de malformación o mala salud para el feto. Los principios básicos de la eugenesia constituían el elemento principal de la política del aborto promocionada por las autoridades sanitarias anarquistas. Este énfasis respondía al serio problema sanitario que provocaba la práctica del aborto clandestino en condiciones peligrosas para la salud e intentaba proporcionar un remedio inmediato a la situación. El enfoque eugénico se acercaba también al pensamiento tradicional en el seno del movimiento anarquista de reforma sexual, que apenas había abordado los problemas de los derechos reproductivos desde la perspectiva de la autonomía y la autodeterminación femeninas.

La nueva legislación otorgaba un amplio grado de autonomía individual sobre la decisión de practicar el aborto. Como había sucedido en otras campañas anteriores sobre el control de la natalidad, la frase “maternidad consciente” se convirtió en uno de los lemas de la nueva política sanitaria pública; la mujer tenía ahora la opción de la maternidad cuando las condiciones sanitarias y económicas fueran las óptimas. Se apoyaba el control de la natalidad como mecanismo para eliminar “la esclavitud de la maternidad continua”, que arruinaba la salud de muchas madres de clase obrera.

La reforma eugénica del aborto exigía también crear centros de planificación familiar para informar y asesorar sobre el uso de métodos anticonceptivos, la política se centraba en la eliminación efectiva de la práctica del aborto mediante el uso creciente de métodos anticonceptivos eficaces. Conforme a la ley, una mujer sólo podía abortar una vez al año salvo en circunstancias terapéuticas especiales que aconsejaran la terminación del embarazo. A pesar de que se recomendaban una extensa gama de métodos anticonceptivos, su utilización estaba condicionada por factores de clase y género.

Debido a que normalmente los anticonceptivos se asociaban a la prostitución poseían un estigma social que impedía a las mujeres acceder a ellos con facilidad. La mayoría no estaban dispuestas a arriesgarse a perjudicar su reputación comprándolos. Otro obstáculo a un control eficaz de la natalidad era que gran parte de los métodos exigían una conducta médica previa y una supervisión constante. Una situación como ésta habría sido totalmente impensable por muchas razones. Las mujeres raras veces consultaban con sus médicos sobre temas reproductivos, pues no se consideraba apropiado hablar de estos asuntos. Además, la situación no podía cambiar mientras los propios médicos continuaran sin respaldar el control de natalidad y se consideraran a sí mismos defensores de la moralidad y los valores sociales tradicionales. Asimismo, si se tienen en cuenta las distinciones de clase, muy pocas mujeres de clase obrera hubieran podido permitirse los gastos de una consulta médica. De hecho, los honorarios más baratos de las comadronas era una de las razones de que constituyeran una opción más atractiva y realista como asesoras populares para las dolencias de las mujeres. Como consecuencia de las restricciones sociales, pocas mujeres tenían acceso a una información y una orientación médica sobre los mejores métodos anticonceptivos. Un obstáculo adicional para las mujeres trabajadoras era, sin duda, el hecho de que todos los dispositivos y productos anticonceptivos eran caros y su compra demasiado gravosa para la mayoría de sus presupuestos.

A pesar de que las revistas sobre la reforma sexual anarquista, como Generación Consciente y Estudios, y las numerosas publicaciones sobre el control de natalidad ofrecían un cierto grado de información acerca de sus técnicas, el coitus interruptus y el aborto parecen haber sido las opciones más viables para reducir el tamaño familiar. El coitus interruptus era, al parecer, la forma de contracepción más común que se practicaba en España en este período. El aborto en gran medida parece que fue una decisión femenina que no implicaba necesariamente a su pareja y que solía darse dentro de la estructura de una red femenina de ejecución y apoyo.

A pesar de la entusiasta campaña de los reformadores sexuales anarquistas para introducir la “reforma eugénica del aborto” y una dimensión de género progresista en la propia legislación, la aplicación de la nueva reglamentación fracasó y la práctica habitual de abortos clandestinos continuó. Desde una perspectiva de género, la legislación del aborto tenía un claro contenido emancipatorio y en ella las mujeres tenían un grado de autonomía significativo, pues estaban autorizadas a abortar no sólo por motivos de salud o eugenesia, sino también atendiendo a la autodeterminación. Los derechos reproductivos de las mujeres estaban protegidos por la ley, que estipulaba que, en el caso de que una alegara razones sentimentales o éticas para abortar, su sola opinión se tendría en cuenta y ninguno de los miembros de su familia tenía derecho a oponerse.

El fracaso de esta reforma puede explicarse por la actitud hostil de la profesión médica. Los médicos no estaban dispuestos a colaborar en la reforma, aunque estaban obligados a ello según las disposiciones del decreto. La ley no establecía una cláusula de conciencia que previera la asignación voluntaria a este servicio. Las disposiciones legales eran rigurosas en cuanto a que todos los especialistas en ginecología estaban obligados a proporcionar el servicio, pero las cuestiones morales y éticas no eran los únicos determinantes de la actitud hostil de la profesión médica. La cuestión esencial era que los médicos controlaran la decisión, lo que solían hacer basándose en razones terapéuticas. El derecho de las mujeres a
abortar por motivos personales, éticos o neo-maltusianos reconocidos en la nueva legislación iba mucho más allá de la base legal habitual aceptada por la profesión médica. Ya no se autorizaba el aborto sólo por causas terapéuticas y, lo que es más importante, el derecho de
decisión ya no estaba limitado a los médicos. La nueva ley fue rechazada por el grueso de la profesión médica que se sentía agraviada por la interferencia en sus asuntos y era hostil a las políticas anarquistas Esta animosidad fue absolutamente determinante del fracaso de los servicios de abortos. No sólo impedía los abortos clínicos sino también el envío de pacientes a estos servicios y a los centros de planificación familiar. Los médicos pudieron ser los agentes decisivos para la normalización de la práctica del aborto en los hospitales, pero Martí Ibáñez y los reformadores sexuales anarquistas no lograron ganarse su apoyo. La mayoría de los médicos lo ignoraron o lo boicotearon.

El alto grado de analfabetismo femenino, junto con el hecho de que los promotores de la
reforma del aborto eran un puñado aislado de hombres anarquistas con pocos recursos, dio como resultado una regulación en la que las mujeres no tenían voz en su desarrollo ni en su aplicación. Las mujeres siguieron funcionando en el seno de la cultura clandestina del pasado y no se identificaron con esta política pública. En lugar de utilizar los servicios, las mujeres continuaron sometiéndose a abortos clandestinos. Cada año morían en España entre 200 y 400 mujeres por abortos clandestinos. Hasta 1985 fue un delito y una práctica penalizada que establecía pena de prisión para los profesionales que lo practicaban y para las mujeres que se sometían a un aborto.

La ley del aborto de 1985

La primera ley del aborto (la Ley Orgánica 9/1985 de reforma del artículo 417 bis del Código Penal) lo despenalizó en tres supuestos: en cualquier momento si existe “un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”; en las 12 primeras semanas en caso de violación; y dentro de las 22 semanas si el feto va a nacer con “graves taras físicas o psíquicas“.

La despenalización del aborto en los años 80 supuso un importante cambio social para los mujeres en los primeros años de la democracia. Aún así, esta primera ley contemplaba de seis meses a un año de cárcel (o multa de 6 a 24 meses) para las que abortaran fuera de los tres supuestos. El “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre”, que permitía abortar sin límite de tiempo, requería “un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto”. El dictamen era prescindible si existía riesgo vital para la mujer.

En el caso de las “graves taras físicas o psíquicas” del feto, que permitía la interrupción dentro de las 22 primeras semanas, también hacía falta un dictamen previo “emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto”. En el caso de la violación era necesaria la denuncia para abortar en las 12 primeras semanas.

LA LEY DEL ABORTO de 2010

La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo la Ministra de Igualdad Bibiana Aído, despenaliza el aborto y permite el aborto libre en las 14 primeras semanas; dentro de las 22 semanas si existe “grave riesgo para la vida o salud de la embarazada” o “riesgo de graves anomalías en el feto”; y en cualquier momento si se detectan “anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable”.

La ley solo exige que la mujer haya sido informada “sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad” y que haya transcurrido un plazo de tres días desde la información hasta la realización de la intervención.

En el caso de “grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada” sigue siendo necesario un dictamen de un médico distinto al que practica el aborto. En el caso de “riesgo de graves anomalías en el feto” o de “anomalías fetales incompatibles con la vida” es necesario un informe de dos especialistas. Si de lo que se trata es de una “enfermedad extremadamente grave e incurable” lo tiene que confirmar un comité clínico.

La ley de 2010 establece que la decisión es de la mujer a partir de los 16 años y solo obliga a informar de ella a uno de los representantes legales de la menor, padre o madre, excepto en los casos que dicha situación puede provocar “un conflicto grave” o peligro de “violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos” o se produzca una “situación de desarraigo o desamparo”.

En enero de 2012, el Ministro de Justicia del Partido Popular anunció  su intención de reformar la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno socialista, que era una ley de plazos como la existente en la mayoría de los países europeos pero que fue muy contestada por la Iglesia católica (especialmente en el tema de que las menores entre 16 y 18 años pudieran abortar aunque no tuvieran el consentimiento de sus padres), para volver al modelo de la ley de 1985, en la que las mujeres tenían que alegar motivos para justificar su decisión. Como protesta por el proyecto de reforma el 1 de Febrero de 2014 se organizó en Madrid una masiva manifestación que se denominó El tren de la Libertad. El desarrollo de la protesta fue recogido en el documental, Yo decido.  en el que participaron más de 80 cineastas y profesionales del mundo audiovisual.

El 23 de septiembre de 2014, el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón  anuncia su dimisión como Ministro tras la retirada del proyecto de Ley del Aborto por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy. Finalmente en 2015 el Partido Popular aprobó que las menores de edad de 16 y 17 años necesiten permiso paterno para poder abortar.

La reforma de la ley del aborto del 2015 dice que las mujeres menores de 16 y 17 años que quieran abortar deben tener el consentimiento de sus representantes legales (padre, madre o tutor): “Esta Ley Orgánica suprime la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el consentimiento por sí solas, sin informar siquiera a sus progenitores. De este modo, para la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de edad será preciso, además de la manifestación de su voluntad, el consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad”, afirma la ley.

Esta ley entiende que las menores de edad deben recibir este consentimiento porque “es fundamental para situaciones de vital importancia e impacto futuro, como es la interrupción voluntaria del embarazo. No se trata únicamente de la protección de la menor, sino que su cuidado comprende el núcleo esencial de todas esas figuras jurídicas; y así lo fija el Código Civil, tanto en el artículo 154, estableciendo que entre los deberes y facultades del ejercicio de la patria potestad está el de «velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral», como en el artículo 269, que dispone que «el tutor está obligado a velar por el tutelado», y, en particular, «a educar al menor y procurarle una formación integral»”.

Todas las mujeres menores de 18 años que quieran interrumpir su embarazo deberán ir acompañadas a la clínica con su progenitor o representante legal para que firme el consentimiento de la intervención. Todas las mujeres españolas mayores de 18 años que quieran interrumpir su embarazo lo podrán hacer hasta la semana 14 de embarazo, sin dar explicaciones del motivo que les lleva a tomar esa decisión, eso sí, deberá ser una decisión tomada desde la libertad, sin coacciones. Las mujeres extranjeras que estén en situación irregular en nuestro país, solo podrán acceder al aborto de manera privada, no tienen derecho al aborto gratuito.

Desgranando los datos cabe señalar que en (2016), 58.158 mujeres realizaron su primer aborto; 23.049, el segundo; 7.718, el tercero; 2.514, el cuarto; 896, el quinto y 796 el sexto o más. 83.507 -el 90%- fueron a petición de la gestante y solo 315 por anomalías fetales incompatibles con la vida.

La prohibición y penalización del aborto inducido no impediría que se siguieran realizando alrededor de 100 000 abortos al año. La penalización no resolvería el problema, ya que la clandestinidad contribuiría decisivamente en la muerte de mujeres a las que se practica el aborto en condiciones de ilegalidad e inseguridad jurídica y sanitaria. Además, según argumentan los defensores del aborto inducido legal, el problema de la clandestinidad afecta fundamentalmente a las mujeres pobres o con menos recursos económicos ya que las mujeres en mejor posición social habrían recurrido al conocido como turismo abortivo  (viajes a otros países para practicar allí el aborto inducido).

Referencias: “Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra Civil” de Mary Nash.www.rtve.es/noticias/20150218/leyes-del-aborto-espana-ley-supuestos-1985-plazos-2010/828240.shtml. wikipedia.org/wiki/Aborto_en_Espa%C3%B1a#Debate_sobre_el_aborto